3. Capítulo introductorio

1. Introducción

1.1 Justificación y objetivos

Desde hace más de veinticinco años, el Proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Proyecto EDNA), se ha dado a la tarea de contribuir a la reflexión y al análisis crítico de la situación de niñas, niños y adolescentes en Costa Rica, con respecto al ejercicio y la defensa de sus derechos, mediante el desarrollo de una investigación que oriente a la promoción y exigibilidad de una mejor condición de vida de la niñez y la adolescencia en el país.

En esta ocasión, el Informe EDNA se centra en un análisis y reflexión desde el humanismo, que incluye la concepción y lucha por los Derechos Humanos, así como el enfoque de derechos y enfoques conexos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La investigación y publicación de este Informe EDNA 2024, obedece a las políticas de la Universidad de Costa Rica, orientadas a la sociedad, a reafirmar su convicción de apoyar a los sectores vulnerables de la sociedad costarricense; en la cual, la niñez y la adolescencia tienen una condición prioritaria para su protección integral. Para ello, el Proyecto EDNA, plantea este nuevo Informe 2024 como parte de una estrategia basada en conocer, sensibilizar, valorar y actuar. La estrategia empleada parte de un modelo óptimo de la realidad, construido a partir del Enfoque de Derechos, de sus principios, criterios e indicadores, los cuales orientan la teoría del cambio, desde una perspectiva política, ideológica y axiológica.

Desde la perspectiva de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS, Agenda 2030), el Informe EDNA 2024 mantiene los ejes que demandan las metas globales:

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Esta propuesta del Informe EDNA 2024 procura ser un herramienta versátil y oportuna para la consulta sobre niñez y adolescencia, con el apoyo de la web del Proyecto EDNA: www.edna.ucr.ac.cr 

El objetivo general de esta investigación es analizar la situación actual de las personas menores de edad en Costa Rica, en el período 2020-2024, desde el enfoque de derechos humanos, como un aporte a la reflexión de tomadores de decisiones en política pública y cambio cultural, que vele por la accesibilidad universal de los derechos, sin condiciones de desventaja o privación de ningún sector de la población de niños, niñas y adolescentes, en aras de su condición etaria.

Los objetivos específicos coinciden con la clasificación de los indicadores aplicados en el trabajo para la construcción de una Línea de Base, que se inició en el XI Informe EDNA (2019):

1. Revisar los avances políticos, jurídicos y estructurales en Costa Rica (período 2020-2024), garantes del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad.
2. Indagar las condiciones para la vida y calidad de vida mínima para la preservación de la dignidad humana de las personas menores de edad en Costa Rica (período 2020-2024).
3. Caracterizar las mejoras para el desarrollo integral de la población de personas menores de edad en Costa Rica (período 2020-2024), por medio del acceso y calidad de la educación pública.
4. Observar los avances en los sistemas y medidas de protección integral de las personas menores de edad en Costa Rica (período 2020-2024) ante las violencias de las que son víctimas.
5. Examinar la condición de sujetos de derechos de las personas menores de edad en Costa Rica (periodo 2020-25024) desde su reconocimiento como parte de la sociedad y de su participación en espacios de toma de decisión política.

1.2 Enfoque teórico

El análisis que este informe 2024 se desarrolla desde el enfoque de derechos, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (Ley N°7184), las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño (CRC), Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), el Código de la Niñez y la Adolescencia (CDN) (1998), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También este trabajo se enfoca en los principios de desarrollo integral e interés superior del niño estipulados en el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N°7739); en cuyo artículo 178 se recalca el aporte de las universidades para contribuir al análisis actualizado de la condición de los niños, niñas y adolescentes del país.

Esta investigación parte del enfoque de derechos humanos según el Entendimiento común de las Naciones Unidas sobre un enfoque basado en los derechos humanos para la cooperación para el desarrollo (UNFPA/ONU, 2023), en que se especifica que:

El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a manudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población. (p. 3). 

En el caso de las personas menores de edad, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) estipula el reconocimiento de su condición de sujetos de derechos y deberes, dentro del marco de la Doctrina de la Protección Integral que implica:

El reconocimiento a todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de su género, cultura, nacionalidad o cualquier otra condición propia, como titulares de toda la gama de derechos inherentes a la persona humana. También de aquellos llamados específicos por situaciones que demanden de una particular protección.

La capacidad jurídica y social que se le otorga a esta población debe ser entendida dentro de los límites de su condición especial de desarrollo. Es decir, debe tomarse en cuenta que niños, niñas y adolescentes van adquiriendo progresivamente la capacidad de hacer valer sus derechos y exigir su cumplimiento.

El interés superior del niño como principio de garantía que busca asegurar la efectividad del cumplimiento de los derechos. (…) es un instrumento de interpretación que reconoce el carácter integral de los derechos de esta población y que permite establecer la prioridad de la niñez y la adolescencia en la definición de las políticas públicas. 

Para asegurar la garantía de las personas menores de edad y su desarrollo integral, se otorga a las personas adultas (padre, madres, docentes, funcionarios de instituciones, entre otros) un poder legítimo que busque la satisfacción de los derechos de esta población. Sin embargo, este poder está basado en la obligación de las personas adulta de proteger a niñas y niños; es decir, no es arbitrio ni debe ser ejercido en detrimento de las personas menores de edad, de su bienestar físico, material o emocional” (Resumen de Junta de Notables, 2002:13-14).

En Costa Rica, el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N°7739), establece una serie de principios éticos y sus consecuentes obligaciones con las personas menores de dieciocho años. Los principios básicos que se asocian al interés superior del niño y de su reconocimiento como sujeto de derechos, a su integridad, a la autonomía progresiva. Los adultos debemos velar por el cumplimiento de este interés superior del niño, su cuidado, de manera justa, equitativa, participativa, y sin ningún tipo de discriminación, carencias, ni violencias. Crecer con derechos implica que:

Cuando los niños/as experimentan, sienten y crecen en entornos cordiales, y relaciones justas, pueden apreciar la igualdad como categoría política, y las diferencias que nos constituyen relacionadas con las relaciones intergeneracionales, de género y culturales… En este sentido, ejercer autoridad, enseñar, orientar, incluye, un norte orientativo, y un límite, en donde en su realización, no se pueden vulnerar los derechos de los niños/as, ni descuidar, posponer, o realizar falsas premisas en las tareas del cuidado. (Arias Campos, R., s.f., p. 7).

El Estado tiene la obligación de atender y restaurar el acceso a los derechos de todas las personas menores de edad sin ningún tipo de distinción; por ello, cuando segmentos de esta población sufren rezagos, desatención, violencias, y se ven privada del ejercicio de sus derechos, el Estado debe fungir como un restaurador del equilibrio social, e impulsar las políticas y estrategias compensatorias
para evitar la exclusión, inequidad y vulnerabilidad que muchos niños, niñas y adolescentes sufren en el país.

1.3 Metodología

La versión del EDNA 2019 incluyó una Línea de Base construida a partir de una serie de indicadores distribuidos en cinco áreas de derechos: Derecho de cumplimiento, de supervivencia, de desarrollo, de protección y de participación. En esta versión del 2024 se relacionará, en lo posible, algunos hallazgos con los del informe anterior, de manera que se construya un referente que incorpora nuevos datos con cada versión. Se hará un énfasis en aquellos indicadores de los que se encontró más información. En muchos casos la información no está actualizada, o no se conoce la metodología utilizada ni se da cuenta del indicador, por lo que se optó por analizar las líneas generales y no el detalle.

La Línea de Base es una herramienta que sirve para evaluar una situación desde un punto de partida (línea de base), hacia un punto de llegada (línea de salida), que luego pasa a convertirse en una nueva línea de base. Además, se espera establecer, por medio del contraste de los indicadores utilizados, la relación entre la norma contenida en el derecho y la situación examinada. Este análisis por indicadores, que están ya estandarizados y aplicados internacionalmente como elementos que dan cuenta del acceso a los derechos
de la niñez y la adolescencia, permite sistematizar la información publicada y oficializada por las instituciones públicas dedicadas al cuidado de las personas menores de edad. De esta manera, se intenta sistematizar todo el aporte institucional, su orientación actual y rendición de cuentas sobre la condición de los niños, niñas y adolescentes en el país.

Una vez revisada la información arrojada por los indicadores que sirven de orientación de las líneas generales de la presente investigación, se procede a una etapa más cualitativa, con un análisis de las situaciones encontradas. Debe tenerse en cuenta que un indicador señala un aspecto o rasgo que, en su conjunto, construyen una evidencia. Algunos de los indicadores del estándar internacional (vid. Pautassi y Rollo, 2012) por ejemplo, pueden no ser aplicables al país como los de conflictos bélicos; al igual que la situación
del país no puede limitarse a los indicadores que se logró rastrear, que no son tan precisos sobre el reclutamiento de jóvenes por bandas delictivas. La búsqueda de información, en la mayoría de los casos llega hasta el 2022, fecha en la cual, con el cambio de gobierno y la salida de proceso de pandemia por COVID-19, generó vacíos de información, pues se dejaron de actualizar y publicar informes anuales, o bien se retrasaron. Por todo ello, la estrategia a seguir ha sido un mayor énfasis en el análisis cualitativo y la propuesta de recomendaciones que aporten al accionar institucional en materia.